CRÓNICA DE UN CRIMEN SOCIAL

 

El relato del desahucio de la anciana —un drama social que resume la crudeza de la crisis de la vivienda— debe contarse no como un hecho aislado, sino como la consecuencia directa de un sistema que prioriza el negocio inmobiliario sobre los derechos humanos más elementales.

Crónica de una crueldad programada: El hilo invisible entre el machismo franquista y los engranajes de la especulación inmobiliaria

Para entender cómo Maricarmen, una mujer de 87 años y con una discapacidad reconocida del 50%, acabó siendo expulsada en camilla por la policia de su casa en el distrito de Retiro (Madrid), no basta con mirar el frío auto judicial. Hay que desenredar un hilo histórico y mercantil de escala sistémica. Su desahucio es la demostración palmaria de cómo las estructuras legales heredadas del franquismo se aliaron con los tiburones del capitalismo corporativo actual para triturar los derechos de la clase trabajadora.

Para contextualizar el desahucio de una anciana desde una perspectiva de izquierda, es fundamental rastrear el origen estructural del problema. En España, la vivienda no se convirtió en un objeto de especulación salvaje por casualidad; fue una construcción política e ideológica diseñada durante la dictadura.

Orígenes históricos y la crítica al modelo franquista que sembró las bases del drama actual:

Parte I: Las raíces del drama. De los barriales del franquismo a los fondos buitre

Para entender el desahucio de Maricarmen no basta con mirar el contrato de alquiler roto ayer; hay que mirar las leyes escritas hace décadas. La vulnerabilidad de nuestros mayores no es un accidente del mercado, sino el resultado de un modelo de país diseñado para anular la vivienda como un derecho social.

"Un país de propietarios, no de proletarios"

El origen del secuestro del derecho a la vivienda en el Estado español tiene nombres y apellidos: la dictadura franquista. A finales de los años 50, el entonces ministro de Vivienda de la dictadura, José Luis Arrese, pronunció una frase que sellaría el destino de las siguientes generaciones: «Queremos un país de propietarios, no de proletarios».

La destrucción del alquiler social: El régimen buscaba desmantelar cualquier atisbo de conciencia de clase obrera. Convertir a los trabajadores en propietarios mediante hipotecas a largo plazo fue una estrategia de pacificación social: un obrero endeudado es un obrero que no hace huelgas por miedo a perder su casa.

La renuncia histórica al parque público: A diferencia del resto de Europa, donde la posguerra sirvió para construir fuertes parques de vivienda pública en alquiler, el franquismo apostó por el ladrillo privado y la especulación como motor económico.

El desarrollismo y la cultura del pelotazo

Durante las décadas de los 60 y 70, el régimen franquista fomentó un crecimiento urbano caótico y corrupto.

El chabolismo vertical: Las familias migrantes que llegaban a las grandes ciudades fueron hacinadas en bloques de pisos de mala calidad construidos por constructoras afines al régimen. Se enriqueció a una oligarquía empresarial constructor-inmobiliaria que, a día de hoy, sigue manteniendo cotas de poder en el sector.

La mercantilización total: Se inoculó en el ADN cultural del país la idea de que la vivienda no era un espacio para vivir, sino una inversión, un bien de cambio.

La herencia no depurada

Cuando llegó la Transición, las estructuras inmobiliarias y los grandes patrimonios forjados al calor del franquismo quedaron intactos. Las leyes democráticas posteriores no rompieron con el modelo, sino que lo profundizaron:

El Decreto Boyer de 1985 liberalizó los alquileres y acabó con la estabilidad de los contratos de renta antigua que protegían a personas como nuestra protagonista.

Las reformas del suelo del Partido Popular en los 90 convirtieron todo el territorio en urbanizable, preparando el terreno para la burbuja inmobiliaria de 2008.

La conexión histórica con el presente

La anciana que hoy es expulsada de su barrio es la misma joven trabajadora que en los años 60 o 70 levantó las ciudades con su mano de obra barata. El sistema la utilizó para enriquecer a las élites constructoras de la dictadura y hoy, bajo el capitalismo financiero heredero de aquel modelo, el mismo sistema la desecha porque su pensión no puede competir con la codicia de los fondos buitre. El franquismo creó el modelo rentista; el neoliberalismo actual lo ejecuta.

La raíz de la injusticia: El Código Civil franquista y la firma exclusiva del padre

El calvario de Maricarmen comenzó a fraguarse en 1956, cuando su familia entró a vivir en el piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda. En aquel momento, la dictadura gobernaba con mano de hierro y el Código Civil franquista negaba por completo la capacidad jurídica de las mujeres casadas, sometiéndolas por ley a la "autorización marital".

Una titularidad obligatoriamente masculina: Por imposición legal de la época, el contrato de renta antigua solo pudo ser firmado por su padre. Su madre, como todas las mujeres de su tiempo, fue borrada de la titularidad legal del hogar que ella misma sostenía.

La trampa de las subrogaciones: Cuando el padre falleció, el contrato se subrogó a nombre de la madre. A la muerte de esta en 2005, el alquiler pasó a Maricarmen. Para los tribunales de la democracia, esta sucesión cronológica la convirtió en la "segunda subrogada".

Si las leyes franquistas no hubieran tratado a la madre de Maricarmen como a una ciudadana de segunda, se le habría permitido cofirmar el contrato en 1956. De ese modo, la muerte del padre no habría consumado el cartucho de la primera subrogación. Maricarmen habría sido la primera subrogada de su madre y hoy su contrato indefinido seguiría blindado. El machismo de Estado de los años 50 se convirtió en la coartada legal que el capital utilizó en 2026 para echarla a la calle.

La cadena de valor de la especulación: De corporación a corporación

El hogar de Maricarmen no se transformó en mercancía de la noche a la mañana; pasó por las distintas fases que el capitalismo financiero reserva para devorar las ciudades. El edificio, propiedad histórica de una familia particular durante décadas, entró de lleno en la picadora de carne inmobiliaria en 2018.

El desembarco de las grandes inmobiliarias: La finca entera de Sainz de Baranda fue adquirida en primer lugar por Renta Corporación Real Estate, uno de los gigantes cotizados del sector inmobiliario español. Este movimiento es característico de los procesos de gentrificación masiva: grandes firmas compran inmuebles completos con el fin de "limpiar" a los inquilinos tradicionales de rentas bajas para revalorizar el activo.

El chantaje inasumible: Dos años después de la compra, en 2020, Maricarmen recibió una oferta para comprar su propia vivienda por más de 240.000 euros. Para una anciana de la clase obrera que subsiste de una pensión de jubilación, esa cifra era una barrera insalvable.

El traspaso a Urbagestión: Al no poder afrontar la compra, entró en escena Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. Esta sociedad compró el inmueble y activó la vía judicial para forzar el desalojo definitivo.

Urbagestión ha insistido cínicamente en los medios en que no son un "fondo buitre" sino una "sencilla pyme". Sin embargo, su praxis empresarial responde exactamente a la misma matriz extractivista de acumulación por desposesión: identificar un derecho humano desprotegido, explotar sus lagunas legales y multiplicar el beneficio a costa de la vulnerabilidad ajena. El piso, que adquirieron por 240.000 euros, alcanzó un valor de mercado estimado de hasta 835.000 euros una vez vacío.

El contexto jurídico: La pinza entre la LAU de 1994 y la crueldad burocrática

Para consumar el desahucio, la inmobiliaria se aferró a las rendijas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1994. Este marco normativo, diseñado bajo las premisas de la liberalización del suelo y el mercado inmobiliario, tenía un objetivo político claro: la extinción paulatina de los alquileres de renta antigua para dinamitar el derecho a un techo estable y abrir paso al mercado salvaje.

El listón médico de la discapacidad: La Disposición Transitoria Segunda de la LAU de 1994 limita el derecho a subrogarse indefinidamente en un contrato familiar a una sola excepción de fuerza mayor: que el descendiente certifique un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

La trampa del 15%: A pesar de sus 87 años, de desplazarse en silla de ruedas y de haber superado múltiples operaciones de cadera, el Tribunal Médico de la Comunidad de Madrid tiene reconocido a Maricarmen un grado de discapacidad del 50%. Para la fría burocracia judicial que amparó al Tribunal Supremo, esa diferencia administrativa del 15% fue la excusa perfecta para dictaminar que sus 70 años de arraigo carecían de validez legal, ordenando su expulsión definitiva.

La falacia de las alternativas habitacionales: Como coartada moral, la propiedad y los sectores neoliberales esgrimieron que Maricarmen tenía la "opción preferente" de acogerse a programas públicos de compra o acceso a viviendas de renta baja. Se trata de una alternativa profundamente hipócrita y perversa: se empuja a una anciana con una pensión mínima a competir en procesos burocráticos saturados de vivienda protegida para justificar que sea expulsada del hogar que ella misma mantuvo puntualmente durante toda su vida.

La mediación triturada: El desprecio a los organismos nacionales e internacionales

El drama de Maricarmen no llegó a ejecutarse por falta de alternativas económicas o institucionales; se consumó por la absoluta intransigencia de la inmobiliaria y la pasividad de los resortes políticos neoliberales, que ignoraron las llamadas de auxilio de mediadores de todos los niveles.

La ONU como mediador internacional ignorada: En junio de 2026, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de las Naciones Unidas intervino formalmente en el caso. El organismo emitió un dictamen internacional exigiendo al Estado español la paralización cautelar del desahucio mientras se examinaba la vulneración de los derechos humanos de la anciana, o bien se le garantizaba un realojo digno. La justicia española y el Ministerio del Interior ignoraron abiertamente este mandato internacional, anteponiendo la rentabilidad de Urbagestión a los tratados de derechos humanos suscritos por el país.

El intento de mediación del Ministerio de Vivienda: A nivel estatal, la entidad pública de vivienda CASA 47, dependiente del Ministerio de Vivienda, intentó ejercer de mediadora institucional ofreciéndose a comprar el piso directamente a Urbagestión para integrarlo en el parque público y permitir que Maricarmen permaneciera en su hogar. La inmobiliaria rechazó la oferta de compra pública, prefiriendo la vía del desalojo forzoso para maximizar su plusvalía en el mercado privado.

La sociedad civil y la propuesta del anonimato: Incluso desde el tejido social y cultural se levantaron puentes de mediación. Una conocida escritora se ofreció, de forma totalmente anónima, a asumir e ingresar íntegramente la diferencia de alquiler (de los 500 euros originales a los 2.650 que exigía la propiedad) durante todos los años de vida que le quedaran a Maricarmen, además de saldar cualquier deuda reclamada. Urbagestión tumbó esta salida financiera en los despachos; su fin último era el inmueble vacío, no el cobro de las rentas.

El bloqueo en el Congreso: La pinza de PP, Vox y Junts contra las familias vulnerables

El desahucio de Maricarmen no se debió únicamente a la frialdad de las leyes del siglo pasado; es la consecuencia de una decisión política activa e ideológica tomada en las cortes generales en 2026. El bloque de izquierdas llevaba meses intentando tramitar decretos y leyes de emergencia habitacional para blindar de manera indefinida la moratoria antidesahucios en casos de extrema vulnerabilidad.

El veto de la derecha y la extrema derecha: El Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya unieron sus votos en el Congreso de los Diputados para tumbar la legislación de protección que habría salvado a Maricarmen. Esta alianza parlamentaria derechista vetó la prórroga de la moratoria antidesahucios y las leyes destinadas a frenar la operativa de los fondos de inversión.

El clasismo de la defensa rentista: Desde una postura de clase, esta pinza parlamentaria justificó su voto en contra escudándose en la "seguridad jurídica" de los propietarios y la defensa del libre mercado. Mientras Junts priorizaba la protección de los intereses rentistas, el PP de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ponía alfombra roja a la especulación inmobiliaria y despachaba la tragedia afirmando que el desahucio simplemente "cumplía la ley". Para las fuerzas reaccionarias y el nacionalismo de derechas, los dividendos de empresas como Urbagestión valen más que la vida de una anciana obrera.

La cultura se planta frente al capital: Alianzas en las puertas de Alcalde Sainz de Baranda

Frente al despliegue frío y calculador de la maquinaria burocrática, la resistencia civil no solo se nutrió del imprescindible activismo barrial, sino que sumó el altavoz masivo del panorama cultural de nuestro país. Figuras destacadas del mundo de la música, el cine y las artes decidieron bajar a las calles, poner el cuerpo y denunciar ante la opinión pública lo que los juzgados pretendían normalizar.

La presencia de referentes políticos y artísticos: La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, se implicó activamente en primera línea de las protestas a las puertas del edificio, confrontando el cordón policial y exigiendo la aplicación inmediata de medidas de protección social que el Gobierno central mantiene congeladas en el cajón.

La trinchera de la canción y el poema: Durante las vigilias vecinales previas al lanzamiento, artistas de la talla de Ana Belén unieron sus voces a la de la vecindad. En un emotivo acto de protesta pacífica, Ana Belén recitó poemas de Rafael Alberti y versionó fragmentos de su mítica La Puerta de Alcalá, transformando un portal asediado por las fuerzas de seguridad en un ágora de denuncia poética.

Un frente de dignidad intelectual: Junto a ella, cantautores comprometidos como Rozalén, Ismael Serrano o Marwán, y creadores cinematográficos como Juan Diego Botto y Carlos Bardem arroparon públicamente a Maricarmen, visibilizando el caso a escala nacional. Esta implicación de la cultura del país supuso un fortísimo golpe moral contra la inmobiliaria. Evidenció que el arte y la sensibilidad colectiva están al servicio de la vida y de la clase trabajadora, trazando una frontera ética infranqueable con el frío lucro que defienden los especuladores.

La cumbre del cinismo: De las porras al champán de la patronal

Mientras el eco de las protestas por Maricarmen aún resuena en las paredes de Retiro y las familias vulnerables son arrojadas a las listas de espera de los hospitales y los albergues masificados, la patronal inmobiliaria ya prepara sus mejores galas para su particular fiesta de la victoria. La impunidad no solo se ejecuta en los juzgados, también se celebra en los grandes salones. Los próximos 7 y 8 de octubre de 2026, Barcelona acogerá el V Congreso Nacional de la Vivienda, un evento convocado por APCEspaña y APCE Catalunya que representa la cumbre absoluta del cinismo corporativo.

Bajo el pomposo y demagógico lema "El camino hacia la creación de hogares" , más de 500 directivos, promotores y grandes tenedores se reunirán para debatir cómo seguir exprimiendo el tejido urbano del país. En las ponencias no se hablará de ancianas en camilla, ni de menores desahuciados, ni del dolor psicológico del despojo; se hablará en un lenguaje tecnocrático e higienizado: de "optimización de activos", de "seguridad jurídica para la inversión" y de "atraer capital extranjero".

Es la demagogia del mercado elevada a categoría de ciencia:

El mantra de la oferta: La patronal utilizará el foro para repetir su eterna mentira: que la crisis habitacional se soluciona únicamente desregulando el suelo y permitiéndoles construir más vivienda privada, ocultando que el verdadero problema es que los hogares existentes han sido secuestrados para la especulación extractiva.

El lobby institucional: La cumbre busca consolidar la presión sobre los ministerios y consejerías para blindar sus beneficios justo cuando el Gobierno central amaga con la tramitación de urgencia de un Real Decreto de Vivienda. La patronal se reúne para marcar el territorio, para advertir al Estado de que el ladrillo no se toca y para asegurarse de que las leyes sigan redactándose con la misma tinta neoliberal con la que se redactó la LAU del 94. Mientras la clase trabajadora pone el cuerpo frente a los escudos policiales, los verdugos del derecho a techo brindan con champán para planificar el próximo pelotazo.

El desenlace: Recursos públicos al servicio del capital

El miércoles 23 de septiembre de 2026, la violencia del sistema se desplegó en el número 46 de Sainz de Baranda. Un descomunal dispositivo policial tomó el barrio, no para proteger a una ciudadana de 87 años con movilidad reducida, sino para garantizar los dividendos de un acaparador inmobiliario.

Frente a las porras y las cargas de los antidisturbios, cientos de activistas y vecinos organizados del Sindicato de Inquilinas de Madrid blindaron el portal poniendo sus propios cuerpos. Mientras la calle rugía con el grito de "Maricarmen no estás sola", la comisión judicial ejecutó el desalojo de una vecina que jamás había dejado de pagar su alquiler. En un último acto de crueldad burocrática, la propiedad se negó a concederle unas pocas horas de tregua para empaquetar de forma digna las pertenencias y recuerdos acumulados durante toda una vida.

El goteo incesante de la desposesión: Rostros en el mapa del desamparo

La camilla de Maricarmen saliendo del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda no es una anomalía del sistema, sino su engranaje diario. Su rostro cansado se suma a una lista de mayores despojados de su arraigo que la burocracia trata como expedientes archivados y los movimientos de vivienda registran como heridas abiertas:

El desahucio de Blanca en el Gòtic: A sus 78 años, Blanca fue expulsada del piso en el que llevaba residiendo más de cinco décadas en pleno corazón de Barcelona. Un fondo de inversión adquirió la propiedad y aprovechó la extinción de las prórrogas de su contrato histórico para imponer una subida de renta inasumible, rompiendo por la fuerza su arraigo y su red comunitaria.

El asesinato institucional de Olga Matute: El caso más desgarrador e intolerable de esta violencia sistémica es el de Olga Matute, una vecina de 54 años y madre de dos hijas (una de ellas menor) del barrio de Santa Eulàlia, en L'Hospitalet de Llobregat. Olga no era invisible; constaba en los informes de servicios sociales e incluso compareció en el Parlament de Catalunya en 2024 para alertar de su precaria situación de salud mental y sus pensamientos suicidas debido a la asfixia de la vivienda. Llevaba 20 años en su casa. Tras una dación en pago con el Banco Sabadell, se le concedió un alquiler social, pero la entidad vendió el piso al fondo de inversión Promontoria Coliseum Real Estate (vinculado a Cerberus), que se negó en redondo a renovarle el contrato. La noche anterior a su desahucio, el 15 de abril de 2026, Olga fue ingresada de urgencia en el Hospital de Bellvitge con intención suicida; aun así, el juez ordenó seguir adelante con el desalojo. El pasado 7 de septiembre de 2026, cinco meses después de perder su hogar y sumida en el desarraigo, Olga se quitó la vida. Colectivos sociales y vecinales señalan directamente la inacción administrativa ante una muerte que califican abiertamente de "asesinato indirecto" por desposesión. 

La fractura del matrimonio de octogenarios en Carabanchel: En la calle Carpetana 109, un matrimonio de ancianos de más de 80 años fue arrancado de la vivienda donde habían tejido su cotidianidad durante más de medio siglo. Pese a la encarnizada resistencia vecinal y a los cordones de autodefensa que intentaron detener a los antidisturbios, el desahucio se ejecutó con absoluta frialdad. Hoy en día, este matrimonio arrastra la pena del desarraigo masivo, sobreviviendo desplazados por completo de su entorno social de toda la vida, alejados de su centro de salud de referencia y alojados provisionalmente en un recurso de emergencia asistencial temporal que fragmenta su derecho a una vejez tranquila.

El caso de Pepi en Vallecas: Otro reflejo de esta crueldad fue el de Pepi, de 67 años, desahuciada por una deuda sobrevenida que los servicios sociales no alcanzaron a mitigar a tiempo. A pesar de que los movimientos de vivienda pusieron el cuerpo frente a la puerta, la intervención policial rompió la red comunitaria. Actualmente, Pepi se encuentra en una situación de extrema precariedad, saltando de un recurso temporal a otro sin una alternativa habitacional pública, fija y digna.

La expulsión silenciosa de Livia: Apenas unos meses antes, en el céntrico barrio de Malasaña, Livia, una vecina de 82 años, fue desalojada del piso donde había construido su cotidianidad durante más de cuatro décadas. El fondo de inversión propietario rechazó sistemáticamente renovar su contrato para reconvertir el inmueble en apartamentos turísticos. Hoy, Livia se encuentra en una situación de desarraigo absoluto, sobreviviendo gracias al apoyo informal de redes vecinales y en un estado de salud psicológica profundamente deteriorado tras perder el entorno que le daba seguridad.

El presente de Maricarmen: La violencia del desalojo dejó a Maricarmen en el Hospital Gregorio Marañón con un cuadro severo de ansiedad y agotamiento físico. Tras el alta médica, se confirma el absoluto desamparo al que el Estado condena a las inquilinas históricas: ha tenido que ser acogida de urgencia por su primo Vicente, viéndose obligada a abandonar Madrid y trasladarse a Segovia a las puertas de cumplir 88 años. Su desgarradora declaración —«Me voy de Madrid porque Madrid ya no es Madrid»— resume la derrota de una administración que ofrece como único recurso plazas residenciales alejadas de la vida autónoma del barrio.

A todas estas personas las une el mismo patrón: ancianas con pensiones modestas que, tras sostener los barrios y sus tejidos comunitarios durante el desarrollismo, son "limpiadas" de los mapas urbanos por fondos inmobiliarios que ven en su vejez un obstáculo para la rentabilidad del suelo. Para entender cómo se construyó jurídicamente esta maquinaria capaz de expulsar a una anciana en camilla, hay que viajar a las raíces históricas del problema.

Las otra cara de la misma moneda: El drama del pequeño propietario atrapado en el mercado

La perversión del modelo inmobiliario y la privatización de los servicios públicos no solo golpean a l@s inquilin@s; producen también una cruel fractura entre la propia clase trabajadora. La derecha mediática instrumentaliza de forma demagógica los conflictos contractuales entre particulares bajo la falsa etiqueta de "okupación" para sembrar el miedo, pero la realidad destapa una desprotección idéntica en el otro extremo del tablero:

El calvario de Carmen en Caspe (Zaragoza): Carmen, una pensionista de 88 años, sufrió una grave rotura de cadera. Para poder costearse una plaza en una residencia privada ante la alarmante falta de plazas públicas, su familia alquiló la planta baja de su vivienda en la urbanización de Pescadores de Caspe. A los dos meses, los inquilinos incurrieron en un impago crónico que se prolonga ya por más de 18 meses, despojando a la anciana de los recursos médicos indispensables para sus cuidados.

La tragedia de José Manuel y su madre con Alzheimer: Este hijo arrendó el piso de su madre —enferma grave de Alzheimer— con el único fin de poder financiar la mensualidad de la residencia asistencial que la administración no le cubría. Los inquilinos dejaron de pagar de forma sistemática durante seis años. La madre de José Manuel falleció por Covid durante el eterno proceso judicial, sin recibir la restitución de unos recursos destinados a su bienestar.

La ruleta de la dependencia de los hermanos de Valencia: Una situación idéntica afectó a dos hermanos en Valencia, quienes tuvieron que poner en alquiler la vivienda de sus padres fallecidos para costear la plaza en una residencia privada de su hermana menor, que padecía una gran dependencia reconocida. Los inquilinos dejaron de pagar a los tres meses, obligando a la familia a asumir una deuda bancaria asfixiante para evitar que la mujer fuera expulsada del centro mientras el proceso se eternizaba en los juzgados.

Desde un análisis de clase, el caso de l@s inquilin@s históric@s y el de los pequeños arrendadores vulnerables son el mismo drama. Unos y otros son víctimas de un Estado que ha renunciado a garantizar de forma directa los dos pilares de la dignidad humana: el derecho a un techo seguro y el derecho universal a los cuidados en la vejez.

Conclusión: El fracaso del reformismo y el deber ineludible del Estado

El dramático desahucio de Maricarmen, Olga, Blanca, José Manuel y María, sumado al calvario de pequeños propietarios desamparados como Carmen o los hermanos de Valencia, dinamita los discursos oficiales del pacto social. Expone la complicidad de las leyes vigentes y el sectarismo de una derecha parlamentaria que prefiere aliarse con los fondos de inversión antes que suspender por ley los desahucios de las familias trabajadoras. 

La lección de fondo que deja este crimen social va mucho más allá de la reforma de una ley de alquileres: exige una enmienda total al papel que juega la administración pública. El Estado tiene la obligación constitucional, ética y material de hacerse cargo de manera directa y permanente de estas personas. No se trata de derivar la vejez vulnerable a saturados servicios sociales de barrio ni de ofrecer parches humillantes. 

Cuando los derechos humanos elementales son amenazados por la especulación o los conflictos del mercado privado, el Estado debe intervenir de forma directa asumiendo la titularidad del bienestar de los ciudadanos:

Garantizando una red pública, universal y gratuita de residencias de ancianos y atención a la dependencia, para que personas como Carmen, los hermanos de Valencia o la madre de José Manuel jamás tengan que apostar su salud y sus cuidados a la lotería de un alquiler privado.

Garantizando el realojo forzoso e inmediato de las inquilinas desahuciadas en viviendas públicas del mismo entorno vecinal, manteniendo intactas sus redes de apoyo y su arraigo.

Activando las compensaciones económicas directas contempladas en la Ley de Vivienda para que los pequeños propietarios vulnerables no asuman las cargas del sistema social mientras se solucionan las suspensiones judiciales por vulnerabilidad de los inquilinos.

Asumiendo una tutela pública real que rescate la vivienda y los cuidados de las garras del libre mercado y los devuelva a su única función legítima: proteger la vida.

El hilo del franquismo y la desprotección neoliberal siguen latiendo con fuerza bajo la piel de nuestras ciudades porque las instituciones lo permiten. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad histórica de blindar y sostener la vida frente al negocio, la única alternativa legítima seguirá siendo la desobediencia civil, la articulación en las calles y la autodefensa vecinal.