EL GATO DE SCHRÖNDINGER VOTA AL PP

 

Últimamente he descubierto un fenómeno paranormal: las comunidades autónomas desaparecen cuando gobierna el Partido Popular.

Si un hospital depende de una comunidad autónoma y funciona mal... la culpa es de Sánchez. Si un colegio se cae a trozos... la culpa es de Sánchez. Si no ponen aire acondicionado pese a existir líneas de financiación... la culpa es de Sánchez. Si arde un monte... Sánchez. Si un pueblo se inunda... Sánchez. Debe de ser el primer presidente del Gobierno con poderes para gestionar todas las autonomías desde su despacho... salvo cuando las cosas salen bien, claro, que entonces el mérito es del PP.

La realidad, por mucho que moleste, es bastante más sencilla: sanidad, educación, servicios sociales, emergencias, vivienda, urbanismo y buena parte de la gestión medioambiental son competencias autonómicas. Gobernar consiste en asumir responsabilidades, no en buscar un culpable permanente en Madrid.

Y ahí está el verdadero problema. Da la impresión de que para el Partido Popular las tragedias tienen distinto valor según el rendimiento político que puedan sacar de ellas. Un incendio forestal debería servir para reforzar la prevención y los medios de extinción. Una inundación debería servir para mejorar infraestructuras y proteger a los vecinos. Pero demasiadas veces la primera reacción parece ser buscar un micrófono antes que una solución.

Los ciudadanos no necesitan administraciones compitiendo por ver quién echa la culpa más lejos. Necesitan que cada uno haga el trabajo que le corresponde. Porque el monte no deja de arder por dar una rueda de prensa, ni un pueblo deja de inundarse por repetir veinte veces el nombre de Sánchez.

Quizá algún día algunos descubran que las competencias autonómicas no son de quita y pon. Existen siempre, incluso cuando gobierna el Partido Popular. Y con las competencias viene algo que parece olvidarse con demasiada frecuencia: la responsabilidad.

Nos distraen con titulares, broncas y culpables de ocasión mientras pasan desapercibidas las decisiones que afectan al día a día.

La diferencia entre modelos es bastante clara. Hay quien entiende la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones o los servicios de emergencia como una inversión en igualdad. Y hay quien los contempla principalmente como un gasto que conviene reducir para bajar impuestos, externalizar servicios o dejar más espacio a la iniciativa privada.

Por eso, cuando se recortan recursos públicos o se deterioran determinados servicios, no siempre parece un accidente ni una casualidad. Hay quien interpreta que cuanto peor funcione lo público, más fácil resulta justificar su privatización o su sustitución por servicios privados.

Lo sorprendente es que muchos ciudadanos terminan defendiendo políticas que después les afectan directamente: listas de espera más largas, aulas más masificadas, menos inversión en prevención de incendios, dependencia con menos recursos o vivienda cada vez más inaccesible.

Y mientras tanto, el debate se desvía. Si un monte arde, si un pueblo se inunda o si un hospital está saturado, siempre hay un enemigo perfecto al que señalar. Así nadie pregunta quién tenía realmente la competencia, quién tomó las decisiones o quién dejó de invertir cuando debía hacerlo.

Quizá el mayor éxito de cierta forma de hacer política no sea convencer a la gente de que los servicios públicos sobran, sino lograr que dejen de preguntarse por qué cada vez funcionan peor.

Al final, el verdadero experimento cuántico no es el gato de Schrödinger. Es conseguir que las competencias desaparezcan, las responsabilidades se evaporen y que quienes sufren las consecuencias acaben aplaudiendo a quienes recortan aquello que más necesitan.