Las VPO existieron, pero no fueron una invención del franquismo ni cubrieron las necesidades de la población de manera universal. La calidad y acceso a la vivienda eran limitados para la mayoría.
Las políticas de vivienda actuales, incluyendo las normativas sobre VPO, se basan en el derecho a la vivienda digna reconocido en la Constitución Española de 1978 (artículo 47), un marco legal y social radicalmente diferente.
El mito de viviendas asequibles para todo el mundo.
El mito de que durante el franquismo se construyeron viviendas baratas y accesibles para todo el mundo es falso y ha sido desmontado por múltiples fuentes. Aunque se promovió la idea de un "milagro del desarrollismo" con la construcción de millones de viviendas, los datos oficiales y análisis históricos revelan que estas viviendas no eran asequibles para la mayoría de la población y que su acceso estaba condicionado a la lealtad al régimen. La vivienda de protección oficial era escasa, de baja calidad y reservada a quienes tenían "enchufe" o afinidad con el franquismo, mientras que las viviendas de promoción privada subvencionada no alcanzaron a cubrir las necesidades reales de la clase trabajadora.
El mito de que Franco construyó cuatro millones de viviendas sociales es un bulo; solo 370.000 viviendas estaban construidas directamente por el Estado, y el resto correspondía a promociones privadas subvencionadas o a viviendas de alta rentabilidad.
Las viviendas oficiales eran cajas de zapatos, construidas con materiales de baja calidad y sin garantías, y muchas carecían de servicios básicos como agua corriente, baño o ducha, incluso en 1970.
En 1970, más del 20% de las viviendas no tenían agua corriente y un 19% no contaba con váter, lo que evidencia una precariedad estructural que el régimen intentó ocultar con propaganda.
Las grandes ciudades estaban rodeadas de chabolismos donde vivían miles de personas en condiciones de hacinamiento y pobreza extrema, lo que contradice la imagen de una España con viviendas dignas para todos. Aunque algunos trabajadores pudieron acceder a viviendas a precios bajos, esto se debió a leyes específicas como la Ley de Vivienda de 1955, pero el acceso era limitado y no representaba una política generalizada de vivienda digna.
La "crisis de la aluminosis franquista" , durante la etapa del desarrollismo franquista, una etapa que también fue considerada como milagrosa, que tuvo lugar aproximadamente entre los años 1950-1960 y 1970, se refiere a la crisis estructural en edificios construidos durante el franquismo, debido al uso de cemento aluminoso. Esta patología afecta al hormigón de las construcciones de la etapa anteriormente citada, debido al uso de cemento aluminoso, que con el tiempo y la humedad pierde resistencia y se vuelve poroso. Se caracteriza por una reacción química que hace que el hormigón se degrade, afectando su capacidad de carga y pudiendo causar fisuras, deformaciones o incluso colapsos estructurales. El caso más conocido ocurrió en el barrio del Turó de la Peira en Barcelona en 1990, tras el colapso de un edificio. En el triste suceso se produjo una víctima mortal, y sacó a la luz este problema, desatando una alarma social y forzando a los expertos a inspeccionar y desalojar cientos de viviendas para realizar reparaciones o demoliciones.
El bulo sobre que Franco era partidario dela calefacción central en los hogares
La calefacción era un lujo que solo tenían los más ricos, y la mayoría de la población en el franquismo vivía en condiciones de pobreza, con escaso o nulo acceso a este servicio.
Realidad de la calefacción en el franquismo: La calefacción centralizada era un lujo que solo tenían los hogares de la élite y edificios públicos como la sede del régimen, no las viviendas de la mayoría de la población española.
Viviendas sin calefacción: La mayoría de los hogares no tenían calefacción y dependían de estufas de carbón o leña, chimeneas o incluso la calefacción proporcionada por los cuerpos de los propios inquilinos para pasar el invierno.
Pobreza y racionamiento: La escasez de recursos era la norma en muchos hogares, y el racionamiento de alimentos y otros bienes era común, con el fin de garantizar la supervivencia.
El racionamiento en el franquismo fue un sistema de control estatal de alimentos y productos básicos que se implementó tras la Guerra Civil Española y se mantuvo durante más de una década, desde 1939 hasta 1952. Caracterizó los conocidos como "años del hambre" y fue una consecuencia directa de la posguerra, la devastación económica y el régimen de autarquía impuesto por la dictadura. Implementación y duración: El sistema se estableció oficialmente en mayo de 1939, poco después de finalizar la guerra, y no fue suprimido por completo hasta el 1 de junio de 1952. La "Cartilla de Racionamiento": El eje del sistema era la "cartilla de racionamiento", un documento oficial (inicialmente familiar y luego individual) con cupones que se entregaba a cada persona o familia. Estos cupones debían canjearse en comercios específicos para adquirir una cantidad limitada y preestablecida de productos básicos a precios oficiales. Productos racionados: La escasez afectaba a productos de primera necesidad como el aceite, azúcar, arroz, judías, garbanzos, jabón y, especialmente, el pan. Las cantidades asignadas eran insuficientes para cubrir las necesidades nutricionales básicas, lo que provocó una hambruna generalizada en el país. Desigualdad social: El sistema no era igualitario. Existían diferentes categorías de cartillas según la clase social o la necesidad, lo que implicaba distintas proporciones y tipos de alimentos asignados. Las clases pudientes y las personas cercanas al régimen podían acceder a más alimentos a través de otros medios. Consecuencias y fenómenos asociados El "estraperlo": La escasez provocada por el racionamiento oficial dio lugar a un floreciente mercado negro o "estraperlo". En este mercado ilegal, los productos se vendían a precios mucho más altos, inalcanzables para la mayoría de la población, pero esenciales para la supervivencia. Hambre y miseria: Miles de personas sufrieron malnutrición severa, y muchas murieron de hambre o enfermedades relacionadas. La gente recurría a la imaginación en la cocina para subsistir, usando sucedáneos como achicoria por café o "tortillas" sin patatas ni huevos. Represión: La Fiscalía de Tasas perseguía el estraperlo, aunque esta actividad era vital para la supervivencia de muchos y era tolerada de facto por otros. El racionamiento es uno de los recuerdos más duros y extendidos de la posguerra española, reflejo de una época de aislamiento internacional y colapso económico bajo la dictadura franquista. Bulo de la calefacción: La falsa creencia de que la calefacción era común en la época puede deberse a la desinformación histórica, a la nostalgia por la época franquista o a la influencia de las redes sociales que a veces difunden bulos. Por lo tanto, la idea de que la calefacción era común en el franquismo es un bulo que ignora la realidad de la escasez y la pobreza que sufrieron la mayoría de los hogares españoles durante este periodo.
Una alternativa real para calentarse, era la utilización del brasero durante el franquismo fue un fenómeno generalizado y una parte fundamental de la vida cotidiana en la mayoría de los hogares españoles, especialmente durante la posguerra y las décadas de la autarquía. Su uso estaba directamente ligado a la pobreza, la escasez económica y la falta de sistemas de calefacción modernos.
Era el principal sistema de calefacción: Para la mayoría de la población, el brasero era el único medio accesible para calentar una habitación, generalmente el salón o la sala de estar. Se colocaba debajo de una mesa camilla, cubierta con un faldón de tela, para retener el calor.
Símbolo de pobreza y carestía: El uso extendido del brasero reflejaba las duras condiciones de vida y la falta de acceso a infraestructuras modernas (calefacción central, gas, electricidad) que caracterizaron los "años del hambre" y gran parte del período franquista.
Combustible popular: El combustible más común era el picón o cisco, que es carbón vegetal picado en trozos muy pequeños, o carbón normal. Su combustión era lenta y generaba un calor duradero, aunque conllevaba riesgos.
Costumbre arraigada: El brasero era una costumbre cultural muy arraigada en España, su uso se remonta a siglos atrás. Formaba parte del mobiliario doméstico esencial y era el centro de la vida familiar en invierno.
Peligros para la salud: Su uso no estaba exento de peligros. La combustión de carbón en un espacio poco ventilado producía monóxido de carbono, lo que provocaba accidentes por intoxicación (conocidos popularmente como "el dulce sueño"). También eran causa frecuente de incendios si la ropa de la camilla entraba en contacto con las brasas.
Declive: El uso del brasero de carbón o picón fue disminuyendo progresivamente a medida que mejoraban las condiciones económicas en las décadas de 1960 y 1970, y con la llegada del gas butano, la electricidad y, finalmente, sistemas de calefacción más seguros y eficientes.
En resumen, el brasero fue un elemento omnipresente en los hogares españoles durante el franquismo, reflejo de una economía de subsistencia y un sistema de calefacción tradicional que persistió por la necesidad hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX.
El régimen de Franco fue un período de gran estabilidad y paz social.
La dictadura se caracterizó por una fuerte represión política, social y cultural, con persecución y encarcelamiento de opositores, exilio y censura. La "paz" fue el resultado de la supresión de las libertades. La Constitución de 1978 y leyes como la Ley de Memoria Democrática (2022) reconocen la persecución y violencia del franquismo, declarando ilegítimos los tribunales y condenas de la dictadura, y buscando la reparación moral de las víctimas.
La Guerra Civil fue inevitable / hubo un "empate" de víctimas.
La Guerra Civil fue el resultado de un golpe militar fallido. La represión del bando sublevado durante la guerra y la posguerra fue sistemática y mucho mayor en número de muertos que la violencia republicana.
La Ley de Memoria Democrática condena el golpe militar de 1936 y el régimen franquista, y promueve la búsqueda activa de personas desaparecidas (más de 100.000). Esto desmonta la idea de "empate" o inevitabilidad.
En general, la Ley de Memoria Democrática (que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007) es el principal instrumento legal que, basándose en la investigación histórica, desmiente oficialmente muchos de estos bulos. La ley busca establecer la verdad histórica, condenar la dictadura y reparar a las víctimas, facilitando el acceso a archivos y promoviendo la enseñanza crítica del franquismo en las aulas.
El mito de que con Franco se vivía mejor
El bulo de que "con Franco se vivía mejor" es una afirmación falsa y ampliamente desmentida por historiadores y expertos, quienes señalan que el régimen franquista estuvo marcado por la represión, la pobreza, la falta de libertades y la discriminación sistemática. Aunque este mito persiste, especialmente entre ciertos sectores de la juventud, se basa en una ignorancia histórica, una desinformación difundida en redes sociales o en un fanatismo hacia un pasado autoritario.
El franquismo no mejoró el nivel de vida de la mayoría de la población: la economía fue una de las más atrasadas de Europa, con un PIB que tardó 13 años en recuperar los niveles de la Segunda República, y el crecimiento económico de los años sesenta no se tradujo en una redistribución de la riqueza.
Las libertades fundamentales como la prensa, la reunión, la expresión y la ideología estaban completamente suprimidas, y la censura era omnipresente.
Las mujeres vivían bajo un sistema de discriminación extrema: no podían abrir cuentas bancarias, firmar contratos o gestionar su patrimonio sin el permiso del marido, y el divorcio y el aborto eran ilegales.
En España, el Código Penal de 1944 reintrodujo el privilegio del uxoricidio por causa de honor mediante el artículo 428, que establecía que el marido que sorprendiera a su mujer en adulterio podía matar a los adúlteros sin pena, o ser castigado con destierro si causaba lesiones graves, y quedarse exento de pena si solo causaba lesiones menores. Este privilegio, conocido como "prerrogativa de la venganza de la sangre", fue restablecido tras la abolición del delito de adulterio en 1932 por la II República y permaneció vigente hasta la reforma penal de 1963, que lo suprimió.
El sistema de seguridad social, la pensión de jubilación y las prestaciones por desempleo no fueron creados por Franco, sino que se desarrollaron en la democracia.
El mito del "paro cero" es falso: la tasa de paro se ocultaba mediante la exclusión forzada de las mujeres del registro de paro y la emigración masiva.
El crecimiento económico de los años sesenta no benefició a las clases menos acomodadas, y el éxodo rural puso de manifiesto las carencias en vivienda, servicios públicos y infraestructuras.
El franquismo fue un régimen de miedo, represión y miseria, donde la justicia social era inexistente y la libertad era un delito.
La ley de Vagos y maleantes fue aprobada el 4 de agosto de 1933 por las Cortes de la Segunda República española con el objetivo de tratar a vagabundos, nómadas, proxenetas y otras personas con comportamientos considerados incívicos y antisociales. Conocida popularmente como la Gandula, la ley fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos de la República. Su finalidad era la prevención de delitos, lo que llevó a que no tipificara delitos específicos, sino que estableciera medidas de alejamiento, control y retención de individuos considerados peligrosos hasta que se determinara que habían dejado de serlo. La ley se basó en la teoría del "estado peligroso", influenciada por el positivismo jurídico, y se inspiró en la idea de que ciertos comportamientos, aunque no constituyeran delitos, podían indicar una inclinación al delito. Entre las conductas incluidas en el artículo 2 se encontraban los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los mendigos profesionales, los ebrios y toxicómanos habituales, y aquellos que mostraran conductas reveladoras de inclinación al delito, como el trato asiduo con delincuentes o la frecuentación de lugares donde se reunían maleantes. Aunque su intención original era la resocialización y la defensa de la sociedad, su aplicación desvirtuó la norma. El Reglamento sobre Vagos y Maleantes, publicado en 1935, permitió una interpretación amplia y subjetiva, lo que llevó a su uso arbitrario contra personas sin recursos, como los pobres, los sin techo, los enfermos mentales o los alcohólicos. Se crearon campos de internamiento conocidos como "Reformatorios de Vagos y Maleantes", que funcionaron como centros de control y reeducación. Tras la Guerra Civil, el régimen franquista no derogó la ley, sino que la modificó en 1954 para incluir expresamente la persecución de la homosexualidad, estableciendo el internamiento de homosexuales en instituciones especiales con separación total de los demás. Esta reforma transformó la ley en un instrumento de represión ideológica y moral, con la creación de juzgados especiales de Vagos y Maleantes en varias provincias, cuyas decisiones solo podían ser apeladas ante la Sala Especial de Vagos y Maleantes en Madrid.
La ley fue finalmente derogada por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1970, que entró en vigor en 1971 y estableció una nueva jurisdicción heredera de la anterior. Esta última ley fue a su vez derogada en 1995. A pesar de su intención de resocialización, la Ley de Vagos y Maleantes se convirtió en un instrumento de exclusión social y control estatal, especialmente durante el franquismo, donde se utilizó para reprimir no solo a los marginados, sino también a quienes desafiaban las normas morales impuestas por el régimen.
El mito de la escolarización en el franquismo
El mito de la escolaridad en el franquismo se basa en la idea de que el régimen logró universalizar la educación, cuando en realidad su política educativa fue profundamente desigual, clasista y orientada a la ideologización más que al acceso real a la educación para todos. El sistema educativo franquista se caracterizó por ser autoritario, nacional-católico, sexista y reaccionario, en contraste directo con el modelo republicano que promovía la laicidad, la coeducación y la igualdad. Aunque se afirmó que se impulsó la escolarización, el Estado prácticamente abandonó la educación pública, dejando su gestión en manos de instituciones religiosas católicas, lo que sentó las bases de un sistema clasista donde el acceso a una educación de calidad dependía del origen social.
La ley de enseñanza primaria de 1945 otorgó un poder casi total a la Iglesia Católica, y la educación se dividía en dos etapas, con una tercera especial destinada al mundo laboral, cuya asignación dependía del criterio del profesor-tutor, que a menudo consideraba los antecedentes familiares y la lealtad al régimen, lo que perpetuó el estigma de la formación profesional como una vía inferior. Además, la escuela pública fue profundamente militarizada, con formaciones diarias, cánticos patrióticos y una disciplina severa que asemejaba un cuartel. La educación se centró en la formación de ciudadanos adeptos al régimen, mediante la adoctrinación en valores nacionalistas, católicos y antiliberales, con un currículo que glorificaba el pasado español, los Reyes Católicos, el Imperio y el Alzamiento Nacional, mientras se minimizaba o falsificaba la historia.
La segregación por sexos era obligatoria, y la educación de las niñas se diseñó para prepararlas para el rol de ama de casa, con asignaturas especiales en labores domésticas y una enseñanza considerada inferior a la de los niños. La pedagogía era tradicional, rutinaria y negativa, carente de incentivos y alegría, con un fuerte énfasis en la obediencia y la disciplina. A pesar de que algunos materiales didácticos, como la Enciclopedia Álvarez o los cuadernos Rubio, eran de calidad, su eficacia se vio limitada por la diversidad de edades en las aulas rurales y la falta de formación adecuada del profesorado, muchas veces compuesto por excombatientes sin preparación académica.
En resumen, el mito de una escolaridad amplia y eficaz durante el franquismo es falso: el régimen priorizó la ideologización, la exclusión social y la dependencia de la Iglesia, dejando a millones de niños sin acceso a una educación de calidad, especialmente en zonas rurales y entre las clases trabajadoras. La educación no fue un instrumento de liberación o progreso, sino de control social y reproducción de la desigualdad.
El mito de que durante la dictadura de Franco a las mujeres no se les permitía estudiar universitariamente es incorrecto desde un punto de vista legal, aunque refleja una realidad social y estructural profundamente desigual. No existieron leyes que prohibieran expresamente el acceso de las mujeres a la educación superior durante el franquismo; de hecho, las mujeres ya podían matricularse en universidades desde 1910, antes del inicio de la dictadura. Las leyes educativas promulgadas entre 1939 y 1975, como la Ley de Bachillerato de 1938, la Ley Universitaria de 1943 o la Ley General de Educación de 1970, no contenían restricciones de género. Sin embargo, a pesar de la ausencia de prohibiciones legales, la participación femenina en la universidad fue extremadamente baja. En el curso 1940-1941, solo el 8,8% de los matriculados eran mujeres, y en 1956-1957 ese porcentaje ascendió a un 18,3%, cifras que no superaron el 30% hasta 1969. El número de mujeres universitarias no superó al de hombres hasta 1986. Esta desigualdad se debió a factores sociales y culturales más que legales: la mentalidad del régimen, profundamente patriarcal y nacionalcatólica, promovía que las mujeres asumieran roles domésticos y se centraran en carreras consideradas "apropiadas", como magisterio o enfermería. La educación de las niñas se caracterizó por un nivel inferior al de los niños, con asignaturas orientadas al hogar y la femineidad, y la separación de sexos en las aulas reforzaba esta desigualdad. Además, aunque las mujeres podían estudiar cualquier carrera, enfrentaban barreras para ejercer en ciertas profesiones. Por ejemplo, entre 1941 y 1962, las mujeres tuvieron prohibido presentarse a las oposiciones para la carrera diplomática, y no se permitió que fueran notarias o registradoras hasta bien entrada la década de 1960. En 1969, el "Libro Blanco" reconoció oficialmente la existencia de dos sistemas educativos: uno elitista, para clases medias y altas, y otro para los sectores menos favorecidos, lo que profundizó el clasismo y limitó las oportunidades. La represión política también afectó a las mujeres académicas, muchas de las cuales fueron depuradas o excluidas de la universidad por sus vínculos con la República. En resumen, el mito de que las mujeres no podían estudiar en la universidad durante el franquismo es falso en términos legales, pero cierto en términos de acceso real y oportunidades, ya que la estructura social, ideológica y económica del régimen creó un entorno altamente desfavorable para la educación femenina. El trabajo infantil durante el franquismo El trabajo infantil durante la dictadura franquista, no era un bulo, persistió una legislación que permitía el trabajo infantil en ciertos contextos, a pesar de la existencia de normas progresistas desde finales del siglo XIX. La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 mantuvo la prohibición del trabajo para menores de 14 años, con excepciones para el trabajo agrícola y en talleres familiares, una norma que reflejaba las condiciones de subsistencia de muchas familias tras la Guerra Civil. Esta excepción fue una continuación de la ley de 1900 y anuló un decreto republicano de 1934 que prohibía el trabajo agrícola de menores durante horas escolares. El trabajo infantil en el campo era una estrategia de supervivencia familiar, ya que los jornales eran insuficientes para mantener al grupo doméstico, y los niños se convertían en un apoyo económico. Asimismo, el trabajo doméstico, especialmente para niñas, era común y no estaba controlado hasta 1960, cuando se prohibió para menores de 14 años, pero fue por la presión que la República ejerció en el exilio. Aunque la legislación existía, su aplicación práctica se retrasó debido a factores como la política autárquica del régimen, las bajas tasas de escolarización y el sexismo presente en las disposiciones legales. En zonas industriales, como los suburbios de Sabadell, más de la mitad de los menores se incorporaban al mercado laboral antes de cumplir los 14 años a finales de los años cincuenta. La existencia de esta práctica se vio reforzada por la necesidad económica y la falta de alternativas, lo que demuestra que el trabajo infantil no fue una excepción, sino una realidad arraigada en la sociedad española de la época. Aunque el exilio republicano no tuvo la capacidad de acabar con el trabajo infantil durante el franquismo, las acciones de la República durante la guerra, como la creación de programas de evacuación y protección infantil, representaron un intento de contrarrestar las condiciones que llevaron al trabajo infantil, especialmente en zonas de guerra. El régimen franquista, por el contrario, implementó políticas que agravaron la situación, como la represión a los padres republicanos, la separación de los niños de sus familias y su internamiento en instituciones religiosas o su entrega en adopción, lo que a menudo derivó en la explotación laboral de los menores. Además, el sistema educativo franquista promovía el adoctrinamiento ideológico y la subordinación de las niñas, mientras que los niños eran obligados a trabajar en condiciones precarias. En este contexto, el papel de la República en el exilio no fue directamente combatir el trabajo infantil bajo el franquismo, sino más bien prevenirlo durante la guerra y ofrecer una alternativa a la miseria y la explotación que caracterizaron la posguerra. La ONU aceptó la dictadura franquista.
Es una mentira, pero como "La copa de un pino". La realidad es que La Asamblea General de la ONU emitió una dura condena formal al régimen de Franco en la Resolución 39(I), adoptada el 12 de diciembre de 1946. En esta resolución:
Se calificó al régimen de Franco como un "régimen de carácter fascista", establecido con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista.
Se mencionó que había prestado una ayuda considerable a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.
Se recomendó la retirada de embajadores y ministros plenipotenciarios de Madrid y se excluyó a España de participar en organismos internacionales relacionados con la ONU.
Aunque el lenguaje era muy crítico y asociaba el régimen a los crímenes de las potencias del Eje, la ONU no tenía la autoridad judicial para emitir una condena penal individual como "criminal de guerra" en un tribunal. La resolución fue una condena política y diplomática que llevó al aislamiento internacional de España durante varios años, pero no un procesamiento judicial.
En la actualidad, expertos y juristas a menudo califican las acciones del franquismo como crímenes contra la humanidad, pero no existe una condena formal de un tribunal internacional al propio Franco como criminal de guerra.
El bulo de que Franco no se enriqueció durante el franquismo
El "bulo" de que Francisco Franco no se enriqueció durante su dictadura es falso y la idea de que Franco vivió con austeridad y no se enriqueció es una narrativa falsa que ha persistido, pero la evidencia histórica y documental demuestra lo contrario, ha sido desmentido por investigaciones históricas y periodísticas que documentan una considerable fortuna personal y familiar amasada gracias a su posición de poder.
Los hechos y evidencias clave que refutan este bulo incluyen:
Acumulación de patrimonio: Franco y su familia acumularon una fortuna significativa, estimada en millones de euros (hasta 400 millones en valor actual en 1940, según algunas estimaciones), a través de una red de influencia y corrupción.
Regalos y propiedades: Recibió numerosas propiedades y bienes de lujo como "regalos" forzosos o gestionados por las autoridades locales y simpatizantes, como el Pazo de Meirás en La Coruña o la finca del Canto del Pico en Madrid.
Inversiones empresariales: La familia Franco, a través de testaferros y la creación de sociedades anónimas, controló participaciones en más de 50 empresas de diversos sectores (banca, construcción, navieras, etc.).
Falta de transparencia: El testamento de Franco no reflejaba la totalidad de su riqueza, que estaba diversificada en propiedades y acciones, lo que dificultó un cálculo exacto en su momento y evitó investigaciones oficiales sobre el origen del dinero en el extranjero.
Sistema de corrupción: Expertos e historiadores, como Mariano Sánchez Soler (autor de "La Familia Franco, S.A."), afirman que el franquismo fue, en sí mismo, un sistema de corrupción que permitió este enriquecimiento ilícito.
El bulo de que Franco no tuvo hijos
El bulo de que Francisco Franco no tuvo hijos es falso, ya que él y su esposa Carmen Polo tuvieron una única hija, llamada María del Carmen Franco y Polo, conocida familiarmente como "Carmencita", "Nenuca".
La existencia de su hija es un hecho documentado y público. Sin embargo, lo que sí ha sido objeto de especulación y rumor a lo largo de los años es su paternidad biológica, debido a varios factores:
Herida de guerra: Franco sufrió una grave herida en el abdomen durante la Guerra de África en 1916, lo que llevó a especulaciones sobre si la lesión afectó su capacidad reproductiva.
Rumores de paternidad: Han circulado teorías no confirmadas, basadas en viejas grabaciones y relatos de terceros, que sugieren que su hija podría haber sido fruto de la relación de su hermano con otra mujer (algunas versiones mencionan a una prostituta o tonadillera).
Propaganda del régimen: La imagen de Franco como padre de familia fue utilizada por la propaganda oficial para mostrar un lado más amable del dictador.
A pesar de estas especulaciones, Carmen Franco y Polo fue reconocida legalmente como su hija, se casó con Cristóbal Martínez-Bordiú y tuvieron siete hijos, que son los nietos del dictador. El bulo de que no tuvo hijos carece de fundamento, aunque las dudas sobre la paternidad biológica persisten en el ámbito de la rumorología.
El bulo del robo de niños durante el franquismo
El robo de niños durante el franquismo fue una práctica sistemática que comenzó durante la Guerra Civil y se extendió hasta bien entrada la democracia, hasta finales de los años 80. Inicialmente, fue una medida de represión política, arrebatando hijos a madres republicanas encarceladas, pero con el tiempo se convirtió en un negocio lucrativo que involucró a médicos, enfermeras, curas y monjas.
Detalles Clave
Periodo: Aunque se asocia principalmente con la dictadura (1939-1975), los casos comenzaron en la Guerra Civil (1936) y continuaron, en algunos casos, hasta finales de la década de 1980.
Motivación Inicial: El objetivo inicial era la "reeducación" de los hijos de los opositores al régimen, basándose en la ideología de que los "rojos" tenían un "gen" perjudicial y que los niños estarían mejor con familias afines al franquismo.
Conversión en Negocio: Con el paso del tiempo, la motivación ideológica dio paso a una trama de compraventa de bebés. Se falsificaban certificados de defunción y registros de nacimiento para entregar a los recién nacidos a familias adoptivas, a menudo con la complicidad de instituciones religiosas y sanitarias. Instituciones Implicadas: Hospitales, clínicas, orfanatos y la Iglesia Católica jugaron un papel central en esta trama. Se alteraban documentos y se mentía a las madres biológicas, diciéndoles que sus bebés habían muerto en el parto.
Víctimas: Las principales víctimas fueron las madres biológicas, a menudo de clases bajas o con ideologías opuestas al régimen, y los propios niños, que crecieron con identidades falsas, separados de sus familias de origen.
Estimaciones: Se estima que el número de niños robados podría ascender a decenas de miles; algunas cifras sugieren alrededor de 30.000, aunque determinar el número exacto es difícil debido a la alteración de registros.
Justicia y Reconocimiento: A pesar de las numerosas denuncias, pocos casos han llegado a juicio, y muchos han sido archivados. La Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce por primera vez a los niños robados como víctimas del franquismo. Expertos de la ONU han instado a España a legislar y a investigar a fondo estos casos.
El bulo que niega los asesinatos sumarios durante el franquismo
La mayoría de los historiadores y expertos coinciden en que la represión franquista fue un elemento central y brutal del régimen, y las cifras de víctimas son objeto de estudio riguroso, no de bulos infundados.
La desinformación sobre este tema suele provenir de sectores que intentan reescribir la historia, minimizando las cifras o comparando la represión franquista con la violencia en la zona republicana sin tener en cuenta el contexto de cada una (una sublevación militar contra un gobierno legalmente constituido). Por ejemplo, se ha intentado reducir la cifra de ejecutados judiciales de más de 22.000 a unos 15.000, o se han difundido narrativas que culpan a las propias víctimas de su destino.
Las ejecuciones a menudo resultaron de "juicios sumarísimos" o consejos de guerra, procedimientos judiciales militares de carácter rápido y sin garantías procesales reales para los acusados. Estos procesos han sido calificados póstumamente de ilegítimos por su falta de imparcialidad y por ser parte de la maquinaria represiva del régimen.
En definitiva, la realidad histórica, respaldada por investigaciones y testimonios, confirma la existencia de una represión sistemática y generalizada por parte del régimen franquista, que incluyó detenciones, torturas, campos de concentración y ejecuciones. Se estima que entre 150.000 y 200.000 civiles fueron asesinados o desaparecidos durante la guerra y la posguerra en la zona franquista, muchos de ellos enterrados en fosas comunes.
Y ya para acabar el BROCHE DE ORO
La leyenda urbana de que cuando Carmen Polo iba a Madrid, todos los comercios cerraban porque se llevaba los artículos sin pagar.
Exactamente, los comercios de Madrid (especialmente joyerías y tiendas de antigüedades) cerraban sus puertas cuando se esperaba la visita de Carmen Polo de Franco es una leyenda urbana muy extendida y documentada, alimentada por su conocida afición al lujo y las joyas.
Según esta leyenda y varios testimonios de la época:
Se decía que Carmen Polo tenía la costumbre de llevarse los artículos que le gustaban (especialmente joyas y objetos de valor) sin pagarlos en el momento.
Los comerciantes, ante el temor de no poder cobrar o de tener problemas si intentaban hacerlo, preferían cerrar sus establecimientos temporalmente para evitar su visita.
Existía un supuesto acuerdo entre los joyeros de la capital para crear una especie de "fondo común" con el que mitigar el impacto económico de estas visitas, ya que se consideraba que lo que se llevaba era, en la práctica, un "regalo" forzado a la esposa del dictador.
Aunque es parte de la "leyenda negra" sobre la figura de "La Collares" (apodo despectivo que recibió por su gusto por los collares de perlas), la realidad es que su posición como esposa del Jefe de Estado le permitía obtener muchos bienes de forma gratuita o a precios simbólicos, a menudo a través de regalos protocolarios o presiones indirectas, más que mediante un "robo" directo.
Es la repera....😎
La leyenda negra sobre Manolete
Esta leyenda negra, la de la hija de Franco, y otras muchas, mi padre las conocía, y lo teníamos considerado como toda una eminencia en la materia. Jamás nos explicó como se enteraba de todas estas cosas, lo mantenía en el más absoluto secreto, tanto que empezamos a plantearnos, que quizá eran mentirijillas. Pero, curiosamente, ya fallecido, Jorge Javier Vázquez lo sacó a relucir en el programa "Sálvame" y ojipláticas nos quedamos. La leyenda negra de Manolete sobre que "apuntillaba rojos", en la plaza de toros, según internet es un bulo o leyenda negra, sin ninguna base real. Manolete murió a causa de la cornada recibida por el toro "Islero" en la plaza de toros de Linares el 28 de agosto de 1947. Morir, sí que murió, pero antes de morir igual hizo de las suyas... Origen del bulo: Esta leyenda parece tener su origen en un rumor malintencionado que circuló en la época y que acusaba falsamente a Manolete de sustituir toros por prisioneros republicanos para lidiar en la plaza. Realidad: Manolete murió por una cornada mortal del toro "Islero" de la ganadería Miura, la cual le atravesó el muslo derecho. Contexto de su muerte: El torero falleció el 29 de agosto de 1947 en Linares, tras recibir la cornada y ser operado en el hospital de la ciudad.
Fuente: Internet. | 
Comentarios
Publicar un comentario