Las VPO existieron, pero no fueron una invención del franquismo ni cubrieron las necesidades de la población de manera universal. La calidad y acceso a la vivienda eran limitados para la mayoría.
Las políticas de vivienda actuales, incluyendo las normativas sobre VPO, se basan en el derecho a la vivienda digna reconocido en la Constitución Española de 1978 (artículo 47), un marco legal y social radicalmente diferente.
El mito de viviendas asequibles para todo el mundo.
El mito de que durante el franquismo se construyeron viviendas baratas y accesibles para todo el mundo es falso y ha sido desmontado por múltiples fuentes. Aunque se promovió la idea de un "milagro del desarrollismo" con la construcción de millones de viviendas, los datos oficiales y análisis históricos revelan que estas viviendas no eran asequibles para la mayoría de la población y que su acceso estaba condicionado a la lealtad al régimen. La vivienda de protección oficial era escasa, de baja calidad y reservada a quienes tenían "enchufe" o afinidad con el franquismo, mientras que las viviendas de promoción privada subvencionada no alcanzaron a cubrir las necesidades reales de la clase trabajadora.
El mito de que Franco construyó cuatro millones de viviendas sociales es un bulo; solo 370.000 viviendas estaban construidas directamente por el Estado, y el resto correspondía a promociones privadas subvencionadas o a viviendas de alta rentabilidad.
Las viviendas oficiales eran cajas de zapatos, construidas con materiales de baja calidad y sin garantías, y muchas carecían de servicios básicos como agua corriente, baño o ducha, incluso en 1970.
En 1970, más del 20% de las viviendas no tenían agua corriente y un 19% no contaba con váter, lo que evidencia una precariedad estructural que el régimen intentó ocultar con propaganda.
Las grandes ciudades estaban rodeadas de chabolismos donde vivían miles de personas en condiciones de hacinamiento y pobreza extrema, lo que contradice la imagen de una España con viviendas dignas para todos. Aunque algunos trabajadores pudieron acceder a viviendas a precios bajos, esto se debió a leyes específicas como la Ley de Vivienda de 1955, pero el acceso era limitado y no representaba una política generalizada de vivienda digna.
El régimen de Franco fue un período de gran estabilidad y paz social.
La dictadura se caracterizó por una fuerte represión política, social y cultural, con persecución y encarcelamiento de opositores, exilio y censura. La "paz" fue el resultado de la supresión de las libertades. La Constitución de 1978 y leyes como la Ley de Memoria Democrática (2022) reconocen la persecución y violencia del franquismo, declarando ilegítimos los tribunales y condenas de la dictadura, y buscando la reparación moral de las víctimas.
La Guerra Civil fue inevitable / hubo un "empate" de víctimas.
La Guerra Civil fue el resultado de un golpe militar fallido. La represión del bando sublevado durante la guerra y la posguerra fue sistemática y mucho mayor en número de muertos que la violencia republicana.
La Ley de Memoria Democrática condena el golpe militar de 1936 y el régimen franquista, y promueve la búsqueda activa de personas desaparecidas (más de 100.000). Esto desmonta la idea de "empate" o inevitabilidad.
En general, la Ley de Memoria Democrática (que sustituye a la Ley de Memoria Histórica de 2007) es el principal instrumento legal que, basándose en la investigación histórica, desmiente oficialmente muchos de estos bulos. La ley busca establecer la verdad histórica, condenar la dictadura y reparar a las víctimas, facilitando el acceso a archivos y promoviendo la enseñanza crítica del franquismo en las aulas.
El mito de que con Franco se vivía mejor
El bulo de que "con Franco se vivía mejor" es una afirmación falsa y ampliamente desmentida por historiadores y expertos, quienes señalan que el régimen franquista estuvo marcado por la represión, la pobreza, la falta de libertades y la discriminación sistemática. Aunque este mito persiste, especialmente entre ciertos sectores de la juventud, se basa en una ignorancia histórica, una desinformación difundida en redes sociales o en un fanatismo hacia un pasado autoritario.
El franquismo no mejoró el nivel de vida de la mayoría de la población: la economía fue una de las más atrasadas de Europa, con un PIB que tardó 13 años en recuperar los niveles de la Segunda República, y el crecimiento económico de los años sesenta no se tradujo en una redistribución de la riqueza.
Las libertades fundamentales como la prensa, la reunión, la expresión y la ideología estaban completamente suprimidas, y la censura era omnipresente.
Las mujeres vivían bajo un sistema de discriminación extrema: no podían abrir cuentas bancarias, firmar contratos o gestionar su patrimonio sin el permiso del marido, y el divorcio y el aborto eran ilegales.
En España, el Código Penal de 1944 reintrodujo el privilegio del uxoricidio por causa de honor mediante el artículo 428, que establecía que el marido que sorprendiera a su mujer en adulterio podía matar a los adúlteros sin pena, o ser castigado con destierro si causaba lesiones graves, y quedarse exento de pena si solo causaba lesiones menores. Este privilegio, conocido como "prerrogativa de la venganza de la sangre", fue restablecido tras la abolición del delito de adulterio en 1932 por la II República y permaneció vigente hasta la reforma penal de 1963, que lo suprimió.
El sistema de seguridad social, la pensión de jubilación y las prestaciones por desempleo no fueron creados por Franco, sino que se desarrollaron en la democracia.
El mito del "paro cero" es falso: la tasa de paro se ocultaba mediante la exclusión forzada de las mujeres del registro de paro y la emigración masiva.
El crecimiento económico de los años sesenta no benefició a las clases menos acomodadas, y el éxodo rural puso de manifiesto las carencias en vivienda, servicios públicos y infraestructuras.
El franquismo fue un régimen de miedo, represión y miseria, donde la justicia social era inexistente y la libertad era un delito.
La ley de Vagos y maleantes fue aprobada el 4 de agosto de 1933 por las Cortes de la Segunda República española con el objetivo de tratar a vagabundos, nómadas, proxenetas y otras personas con comportamientos considerados incívicos y antisociales. Conocida popularmente como la Gandula, la ley fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos de la República. Su finalidad era la prevención de delitos, lo que llevó a que no tipificara delitos específicos, sino que estableciera medidas de alejamiento, control y retención de individuos considerados peligrosos hasta que se determinara que habían dejado de serlo. La ley se basó en la teoría del "estado peligroso", influenciada por el positivismo jurídico, y se inspiró en la idea de que ciertos comportamientos, aunque no constituyeran delitos, podían indicar una inclinación al delito. Entre las conductas incluidas en el artículo 2 se encontraban los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los mendigos profesionales, los ebrios y toxicómanos habituales, y aquellos que mostraran conductas reveladoras de inclinación al delito, como el trato asiduo con delincuentes o la frecuentación de lugares donde se reunían maleantes. Aunque su intención original era la resocialización y la defensa de la sociedad, su aplicación desvirtuó la norma. El Reglamento sobre Vagos y Maleantes, publicado en 1935, permitió una interpretación amplia y subjetiva, lo que llevó a su uso arbitrario contra personas sin recursos, como los pobres, los sin techo, los enfermos mentales o los alcohólicos. Se crearon campos de internamiento conocidos como "Reformatorios de Vagos y Maleantes", que funcionaron como centros de control y reeducación. Tras la Guerra Civil, el régimen franquista no derogó la ley, sino que la modificó en 1954 para incluir expresamente la persecución de la homosexualidad, estableciendo el internamiento de homosexuales en instituciones especiales con separación total de los demás. Esta reforma transformó la ley en un instrumento de represión ideológica y moral, con la creación de juzgados especiales de Vagos y Maleantes en varias provincias, cuyas decisiones solo podían ser apeladas ante la Sala Especial de Vagos y Maleantes en Madrid.
La ley fue finalmente derogada por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 4 de agosto de 1970, que entró en vigor en 1971 y estableció una nueva jurisdicción heredera de la anterior. Esta última ley fue a su vez derogada en 1995. A pesar de su intención de resocialización, la Ley de Vagos y Maleantes se convirtió en un instrumento de exclusión social y control estatal, especialmente durante el franquismo, donde se utilizó para reprimir no solo a los marginados, sino también a quienes desafiaban las normas morales impuestas por el régimen.
El mito de la escolarización en el franquismo
El mito de la escolaridad en el franquismo se basa en la idea de que el régimen logró universalizar la educación, cuando en realidad su política educativa fue profundamente desigual, clasista y orientada a la ideologización más que al acceso real a la educación para todos. El sistema educativo franquista se caracterizó por ser autoritario, nacional-católico, sexista y reaccionario, en contraste directo con el modelo republicano que promovía la laicidad, la coeducación y la igualdad. Aunque se afirmó que se impulsó la escolarización, el Estado prácticamente abandonó la educación pública, dejando su gestión en manos de instituciones religiosas católicas, lo que sentó las bases de un sistema clasista donde el acceso a una educación de calidad dependía del origen social.
La ley de enseñanza primaria de 1945 otorgó un poder casi total a la Iglesia Católica, y la educación se dividía en dos etapas, con una tercera especial destinada al mundo laboral, cuya asignación dependía del criterio del profesor-tutor, que a menudo consideraba los antecedentes familiares y la lealtad al régimen, lo que perpetuó el estigma de la formación profesional como una vía inferior. Además, la escuela pública fue profundamente militarizada, con formaciones diarias, cánticos patrióticos y una disciplina severa que asemejaba un cuartel. La educación se centró en la formación de ciudadanos adeptos al régimen, mediante la adoctrinación en valores nacionalistas, católicos y antiliberales, con un currículo que glorificaba el pasado español, los Reyes Católicos, el Imperio y el Alzamiento Nacional, mientras se minimizaba o falsificaba la historia.
La segregación por sexos era obligatoria, y la educación de las niñas se diseñó para prepararlas para el rol de ama de casa, con asignaturas especiales en labores domésticas y una enseñanza considerada inferior a la de los niños. La pedagogía era tradicional, rutinaria y negativa, carente de incentivos y alegría, con un fuerte énfasis en la obediencia y la disciplina. A pesar de que algunos materiales didácticos, como la Enciclopedia Álvarez o los cuadernos Rubio, eran de calidad, su eficacia se vio limitada por la diversidad de edades en las aulas rurales y la falta de formación adecuada del profesorado, muchas veces compuesto por excombatientes sin preparación académica.
En resumen, el mito de una escolaridad amplia y eficaz durante el franquismo es falso: el régimen priorizó la ideologización, la exclusión social y la dependencia de la Iglesia, dejando a millones de niños sin acceso a una educación de calidad, especialmente en zonas rurales y entre las clases trabajadoras. La educación no fue un instrumento de liberación o progreso, sino de control social y reproducción de la desigualdad.
El mito de que durante la dictadura de Franco a las mujeres no se les permitía estudiar universitariamente es incorrecto desde un punto de vista legal, aunque refleja una realidad social y estructural profundamente desigual. No existieron leyes que prohibieran expresamente el acceso de las mujeres a la educación superior durante el franquismo; de hecho, las mujeres ya podían matricularse en universidades desde 1910, antes del inicio de la dictadura. Las leyes educativas promulgadas entre 1939 y 1975, como la Ley de Bachillerato de 1938, la Ley Universitaria de 1943 o la Ley General de Educación de 1970, no contenían restricciones de género. Sin embargo, a pesar de la ausencia de prohibiciones legales, la participación femenina en la universidad fue extremadamente baja. En el curso 1940-1941, solo el 8,8% de los matriculados eran mujeres, y en 1956-1957 ese porcentaje ascendió a un 18,3%, cifras que no superaron el 30% hasta 1969. El número de mujeres universitarias no superó al de hombres hasta 1986. Esta desigualdad se debió a factores sociales y culturales más que legales: la mentalidad del régimen, profundamente patriarcal y nacionalcatólica, promovía que las mujeres asumieran roles domésticos y se centraran en carreras consideradas "apropiadas", como magisterio o enfermería. La educación de las niñas se caracterizó por un nivel inferior al de los niños, con asignaturas orientadas al hogar y la femineidad, y la separación de sexos en las aulas reforzaba esta desigualdad. Además, aunque las mujeres podían estudiar cualquier carrera, enfrentaban barreras para ejercer en ciertas profesiones. Por ejemplo, entre 1941 y 1962, las mujeres tuvieron prohibido presentarse a las oposiciones para la carrera diplomática, y no se permitió que fueran notarias o registradoras hasta bien entrada la década de 1960. En 1969, el "Libro Blanco" reconoció oficialmente la existencia de dos sistemas educativos: uno elitista, para clases medias y altas, y otro para los sectores menos favorecidos, lo que profundizó el clasismo y limitó las oportunidades. La represión política también afectó a las mujeres académicas, muchas de las cuales fueron depuradas o excluidas de la universidad por sus vínculos con la República. En resumen, el mito de que las mujeres no podían estudiar en la universidad durante el franquismo es falso en términos legales, pero cierto en términos de acceso real y oportunidades, ya que la estructura social, ideológica y económica del régimen creó un entorno altamente desfavorable para la educación femenina. El trabajo infantil durante el franquismo El trabajo infantil durante la dictadura franquista, no era un bulo, persistió una legislación que permitía el trabajo infantil en ciertos contextos, a pesar de la existencia de normas progresistas desde finales del siglo XIX. La Ley de Contrato de Trabajo de 1944 mantuvo la prohibición del trabajo para menores de 14 años, con excepciones para el trabajo agrícola y en talleres familiares, una norma que reflejaba las condiciones de subsistencia de muchas familias tras la Guerra Civil. Esta excepción fue una continuación de la ley de 1900 y anuló un decreto republicano de 1934 que prohibía el trabajo agrícola de menores durante horas escolares. El trabajo infantil en el campo era una estrategia de supervivencia familiar, ya que los jornales eran insuficientes para mantener al grupo doméstico, y los niños se convertían en un apoyo económico. Asimismo, el trabajo doméstico, especialmente para niñas, era común y no estaba controlado hasta 1960, cuando se prohibió para menores de 14 años, pero fue por la presión que la República ejerció en el exilio. Aunque la legislación existía, su aplicación práctica se retrasó debido a factores como la política autárquica del régimen, las bajas tasas de escolarización y el sexismo presente en las disposiciones legales. En zonas industriales, como los suburbios de Sabadell, más de la mitad de los menores se incorporaban al mercado laboral antes de cumplir los 14 años a finales de los años cincuenta. La existencia de esta práctica se vio reforzada por la necesidad económica y la falta de alternativas, lo que demuestra que el trabajo infantil no fue una excepción, sino una realidad arraigada en la sociedad española de la época. Aunque el exilio republicano no tuvo la capacidad de acabar con el trabajo infantil durante el franquismo, las acciones de la República durante la guerra, como la creación de programas de evacuación y protección infantil, representaron un intento de contrarrestar las condiciones que llevaron al trabajo infantil, especialmente en zonas de guerra. El régimen franquista, por el contrario, implementó políticas que agravaron la situación, como la represión a los padres republicanos, la separación de los niños de sus familias y su internamiento en instituciones religiosas o su entrega en adopción, lo que a menudo derivó en la explotación laboral de los menores. Además, el sistema educativo franquista promovía el adoctrinamiento ideológico y la subordinación de las niñas, mientras que los niños eran obligados a trabajar en condiciones precarias. En este contexto, el papel de la República en el exilio no fue directamente combatir el trabajo infantil bajo el franquismo, sino más bien prevenirlo durante la guerra y ofrecer una alternativa a la miseria y la explotación que caracterizaron la posguerra. La ONU aceptó la dictadura franquista.
Es una mentira, pero como "La copa de un pino". La realidad es que La Asamblea General de la ONU emitió una dura condena formal al régimen de Franco en la Resolución 39(I), adoptada el 12 de diciembre de 1946. En esta resolución:
Se calificó al régimen de Franco como un "régimen de carácter fascista", establecido con ayuda de la Alemania nazi y la Italia fascista.
Se mencionó que había prestado una ayuda considerable a las potencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial.
Se recomendó la retirada de embajadores y ministros plenipotenciarios de Madrid y se excluyó a España de participar en organismos internacionales relacionados con la ONU.
Aunque el lenguaje era muy crítico y asociaba el régimen a los crímenes de las potencias del Eje, la ONU no tenía la autoridad judicial para emitir una condena penal individual como "criminal de guerra" en un tribunal. La resolución fue una condena política y diplomática que llevó al aislamiento internacional de España durante varios años, pero no un procesamiento judicial.
En la actualidad, expertos y juristas a menudo califican las acciones del franquismo como crímenes contra la humanidad, pero no existe una condena formal de un tribunal internacional al propio Franco como criminal de guerra.
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