"MAFIA O DEMOCRACIA"

El fiscal general ha sido inhabilitado. Y no por corrupción, ni por abuso de poder, ni por intervenir en un proceso. No.

Se le inhabilita por desmontar un bulo.

El Tribunal Supremo condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización por la supuesta filtración del correo de la pareja de Ayuso. Una sentencia no unánime, con dos magistradas en contra, que afirma lo que no consiguió probar.

Y, hablando del caso del fiscal general. Nadie duda de la inocencia de este hombre. Y, en parte se debe a la misma confesión de los implicados.

Teníamos que habernos movilizado cuando ocurrió lo de Baltasar Garzón, fue el principio de esto que está pasando.

Baltasar Garzón: Fue el juez que inició las investigaciones del caso Gürtel en la Audiencia Nacional en 2009. Posteriormente, fue apartado de la carrera judicial por un delito de prevaricación relacionado con las escuchas del caso (una condena que ha sido objeto de mucha controversia y por la que fue inhabilitado).

Sí, Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. La condena se produjo en 2012 por ordenar escuchas telefónicas entre presos y sus abogados en la cárcel, en el marco del caso Gürtel. Esta sentencia supuso su pérdida definitiva como juez y, aunque en 2021 el Comité de Derechos Humanos de la ONU consideró que el juicio había sido “arbitrario”, el Tribunal Supremo dio por cumplida la condena y no anuló la sentencia.

No es un golpe de estado judicial, es un golpe de estado de la mafia. Es una red de corrupción masiva y sistemática, no de un caso aislado. Este proceso de infiltración sistémica y corrupcion ha culminado con el control efectivo desde dentro. Y realmente, lo preocupante, es que ha sido un proceso gradual y silencioso.

"Mafia o democracia", nunca mejor dicho.

La mafia ha corrompido a funcionarios públicos, políticos, jueces a todos los niveles, para garantizar la impunidad de sus operaciones.

Pero, se han equivocado, porque ante la evidencia, somos más conscientes que nunca de que el fiscal general se ha convertido en un rehén político, lo mismo que el resto de encausados. En el caso de Cerdan, ingresó en la cárcel por riesgo de fuga y que las pruebas ya se irían encontrando, qué mayor prueba que considerar a este hombre un preso político. Los golpes de estado, en esencia siempre buscan acabar con un gobierno legítimo. Y la obligación del gobierno es recurrir al Alto Comisionado de la ONU, para los derechos humanos, y así de esta manera conseguir el respaldo necesario para luchar contra la mafia española y su institucionalización.

Qué jugada maestra sería si Pedro Sánchez nombrara a como nuevo fiscal general del Estado a Baltasar Garzón, pero es un poco difícil, porque el CGPJ se niega a darle de nuevo la condición de juez. Sería todo un acierto, si tenemos en cuenta la nueva que la nueva "Ley de enjuiciamiento Criminal", transfiere la investigación penal de los jueces a los fiscales. La reforma, que entrará en vigor en el 2028; demasiado tarde me parece, se podría agilizar e implantar ya; establece que los fiscales dirigirán las investigaciones, aunque el juez de garantías decidirá sobre la continuación a juicio. La reforma también limita la figura de la acusación popular, excluyendo a partidos políticos y sindicatos, y amplía el mandato del Fiscal General a cinco años.

Sería una situación de Karma total y absoluta y los corruptos se pondrían a temblar.